SURGE EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS PENALES Y FORENSES DE LA PGJE

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Proyecto anunciado en el Consejo Consultivo Ciudadano de la Institución. 

Con una amplia acogida de la sociedad, representada en un centenar de integrantes de cámaras empresariales, asociaciones civiles, académicos y una decena de diputados locales, el procurador General de Justicia del Estado, Federico Garza Herrera, dio a conocer el surgimiento del Instituto Universitario de Ciencias Penales y Forenses, el cual ofrecerá 8 programas de estudio, para el cual se cuenta ya con un terreno y la autorización de 10 millones de pesos para establecer sus instalaciones en una primera etapa.

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El anuncio fue realizado en el marco de la Sesión Ejecutiva del Consejo Consultivo Ciudadano de Procuración de Justicia, órgano creado el 19 de enero de 2016, y en el que participan representantes de los diversos sectores sociales del Estado, quienes desde su creación se integraron en diversas mesas de trabajo, de las cuales derivaron 69 propuestas para optimizar las acciones y servicios que competen a la PGJE, de las cuales el consejero, Jorge Chessal Palau, reveló que se ha logrado un avance cercano al 60 por ciento, al responder satisfactoriamente a 40 de esas líneas de mejoramiento, mientras el resto continúan en proceso. 

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Garza Herrera indicó que el citado órgano colegiado tiene como principal objetivo sumar a la sociedad civil a una procuración de justicia en defensa y beneficio de los ciudadanos, a través de procesos de investigación ágiles, transparentes y con respeto a los derechos humanos.
Añadió que se trata además de un organismo incluyente que trabaja a través de mesas temáticas, de cada una de las cuales deberá surgir la información necesaria para construir un documento que tenga las bases y proyectos de procuración de justicia para su desarrollo durante los próximos 30 años.

Ese órgano de vigilancia externa, dijo, deberá normar además la actuación de la PGJE, y hará las recomendaciones necesarias a través de una coordinación interinstitucional que fomente la cercanía con la población para generar un cambio con acciones a corto, mediano y largo plazo.

Aseguró que por su parte, la dependencia hace frente a sus retos con la evaluación y depuración del personal de la Procuraduría, pero preponderantemente con la profesionalización de todos y cada uno de quienes confluyen en la procuración de justicia en el marco de la Reforma Penal vigente.

En ese sentido, anunció que el Instituto de Estudios Periciales y Ministeriales de la PGJE se ha transformado en Instituto Universitario de Ciencias Penales y Forenses que ofrecerá a su personal 8 programas de licenciaturas en Derecho; y otra más en Seguridad Pública; especialidades en Criminalística y Ciencias Forenses; Especialidad en el Nuevo Sistema de Justicia Penal; Especialidad en Lógica, Argumentación y Ética en Procuración de Justicia; Especialidad en Formación e Investigación Criminal; y maestrías en Criminalística y Ciencias Forenses; y en Derecho Penal.

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Todos esos programas están debidamente autorizados por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, y reconocidos por la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y por tanto los títulos y grados académicos tendrán vigencia y reconocimiento en el territorio nacional, lo que privilegia el escalafón interno del Servicio de Carrera, a fin de que la estancia de agentes del Ministerio Público, agentes ministeriales y peritos sea ascendente y con mayor remuneración.

Añadió que para construir la primera etapa de este Instituto Universitario, se cuenta con un terreno y 10 millones de pesos que el Congreso local etiquetó y en breve se establecerán acuerdos con universidades como la Complutense de Madrid y la de Salamanca y Castilla, La Mancha, España, con el fin de obtener acciones de capacitación.

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Previamente al ofrecer un informe sobre el avance en la resolución de acuerdos y recomendaciones del Consejo Consultivo, el consejero Jorge Chessal hizo notar que los integrantes de ese órgano han sido testigos de los más importantes actos que hoy hacen más eficiente a la PGJE, como las campañas de difusión para prevenir las extorsiones o el secuestro; y el mapeo de la incidencia delictiva, que a la par incluye una observación estadística sobre el número de delitos observados, información que permite una mejor planificación de soluciones.

En su oportunidad, el Director General de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) Projusticia, México, Alejandro Ponce de León extendió su felicitación al Procurador Garza Herrera por las tareas desarrolladas durante poco más de un año por el Consejo Consultivo de Procuración de Justicia, cuta conformación es muy rica, dijo, por lo que de parte de esa agencia de cooperación se brindará todo el apoyo necesario a las iniciativas que de ahí surjan a favor de la justicia.

En seguida, el consultor de Projusticia, Iván de la Garza resaltó el excelente trabajo desarrollado en San Luis Potosí durante un año para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, que por su complejidad, ha representado un importante reto, que no sólo se refiere a la audiencia y al juicio oral, sino que implica una transformación institucional para que el sistema funcione adecuadamente.

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Por lo anterior, en San Luis Potosí Projusticia y la PGJE pensaron en un nuevo modelo para gestionar las investigaciones, que incluyó la creación de unidades específicas de atención al público; potenciar resoluciones tempranas de los casos; hacer que la PGJE sea eficaz y eficiente en la aplicación de recursos; y estandarizar criterios para la toma de decisiones, objetivos que han dado lugar a la operación de una procuraduría de 3 pisos, en función de la demanda, resolviendo los casos de acuerdo a su mayor o menor complejidad.

Hasta ahora, sostuvo el experto, se ha logrado un significativo avance en la transformación institucional de la Procuraduría General de Justicia, de modo que el ritmo de aplicación del modelo generado para esta Procuraduría, pone a San Luis Potosí en un plano para que en el futuro cercano sea un ejemplo nacional de eficiencia en la materia.

Más adelante tocó el turno de participar a la representante del laboratorio ADN, México, Mariana Sosa quien dio a conocer que la Procuraduría de San Luis Potosí es una de las primeras en sumarse a la creación de una bases de datos que contiene hasta el momento un total de 40 mil perfiles genéticos de personas no identificadas, lo que representa un gran avance para la investigación y la ubicación de personas desaparecidas, tarea en la que hasta ahora participan 8 instancias estatales de procuración de justicia, así como la Procuraduría General de la República.

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Por lo anterior la experta agradeció al procurador Garza Herrera la donación de la base de datos de material genético, y al tiempo hizo notar que gracias a las gestiones del funcionario potosino, San Luis Potosí es el primer Estado del país que cuenta con un equipo de profesionales debidamente acreditados, yendo más allá de las acciones que ofrecen en el rubro la PGR y el Plan Mérida, dando por resultado el primer laboratorio con una acreditación de nivel nacional e internacional.

Enseguida la titular de la Unidad Especializada para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas, Luz María Montes Mariano, dio a conocer el inicio de operaciones de esa área de la PGJE, la cual se ha vinculado ya con la Unidad de Personas Desaparecidas de la PGR para efecto de lograr una mayor capacitación para el personal potosino, con el objetivo de cumplir adecuadamente con su misión de localizar a personas desparecidas a la mayor brevedad.

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Esta reunión ejecutiva culminó con una sesión de preguntas y comentarios de los integrantes del consejo, en donde obtuvieron respuestas por parte del titular de la PGJE, quien agradeció su participación en este importante foro ciudadano.